Pocos días después de que el Presidente Joe Biden emitiera el Memorando que Establece la Lucha Contra la Corrupción Como un Interés Central de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (el “Memo”) del 3 de junio, el cual analizamos en una alerta anterior, el 7 de junio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“DOJ”, por sus siglas en inglés) anunció una iniciativa para Combatir el Tráfico Ilícito de Personas y Luchar Contra la Corrupción en Centroamérica (la “Iniciativa”). La Iniciativa es parte de la estrategia integral de la administración Biden para abordar los factores que contribuyen a la migración de Centroamérica a los Estados Unidos, descrita en la Orden Ejecutiva del 2 de febrero sobre la Creación de un Marco Integral Regional para Abordar las Causas de Migración, Gestionar la Migración a lo largo de Norte y Centroamérica y Proveer un Proceso Seguro y Ordenado para las Personas que Solicitan Asilo en la Frontera de los Estados Unidos (la “Orden”).
El 7 de junio en Guatemala, durante su primer viaje internacional como vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris reforzó la apreciación de la administración Biden de que la corrupción constituye una de las causas de la migración, y anunció que los Estados Unidos creará un grupo de trabajo anti-corrupción en el que el DOJ, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos “trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y para capacitar a las autoridades locales para que hagan sus propias investigaciones”. Al mismo tiempo, el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció la Iniciativa – una “serie de pasos que el Departamento de Justicia está tomando para abordar las amenazas que generan tanto la corrupción como las redes transnacionales de tráfico ilícito de personas”. La mayor parte de la Iniciativa se enfoca en combatir las redes de tráfico ilícito de personas que operan en México y en los países del Triángulo Norte – Guatemala, El Salvador y Honduras – pero algunos aspectos de la Iniciativa dejan clara una mayor fiscalización anti-corrupción en Centroamérica.
Reflejando el mayor grado de coordinación que prevén la Orden y el Memo del Presidente Biden, la Iniciativa establece el Grupo de Trabajo Conjunto Alpha (el “Grupo de Trabajo”) que une los recursos de investigación y fiscalización del DOJ con el Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (“FBI”, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (“DEA”, por sus siglas en inglés). El Grupo de Trabajo estará compuesto por fiscales de diversas Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos, por personal de la División Penal y la División de Derechos Civiles del DOJ, por agentes y analistas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (“ICE”, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (Customs and Borders Patrol) del DHS y por personal del FBI y de la DEA. Además de estos esfuerzos coordinados, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales en el Extranjero (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training u “OPDAT”, por sus siglas en inglés) del DOJ y su Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación Penal (International Criminal Investigative Training Assistance Program o “ICITAP”, por sus siglas en inglés) trabajarán de manera conjunta con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus contrapartes en México y los países del Triángulo Norte para combatir las redes de tráfico ilícito de personas, así como la corrupción en la región.
El Grupo de Trabajo complementará los esfuerzos de fiscalización de la corrupción del DOJ en la región, incluyendo el Equipo de Corrupción Internacional del FBI creado en 2019 para investigar la corrupción y el lavado de dinero provenientes de América Latina. La Iniciativa también se da tras la reciente promulgación por parte del Congreso de los Estados Unidos de la Ley de Compromiso Ampliado Estados Unidos - Triángulo Norte (United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act), que requiere al Departamento de Estado de los Estados Unidos formular una lista de “actores corruptos y anti-democráticos” en el Triángulo Norte (la “Lista Engel”), que se espera sea publicada a finales de junio de 2021. Además de estos esfuerzos, bajo la Iniciativa, el DOJ aumentará su enfoque en investigaciones y acusaciones y en la recuperación de activos de personas que hayan pagado o recibido sobornos, utilizando su programa de fiscalización de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“FCPA”, por sus siglas en inglés) y su Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia. Adicionalmente, personal de la OPDAT y el ICITAP trabajará con sus contrapartes locales para diseñar y mejorar programas locales de fiscalización anti-corrupción, lo cual también fortalecerá la cooperación con el DOJ en asuntos de fiscalización.
Siguiendo el mayor enfoque en la coordinación y la fiscalización anti-corrupción que se deriva del Memo del Presidente Biden, el mensaje es claro: la fiscalización anti-corrupción será una prioridad para el DOJ, y aún más en Centroamérica. Las empresas que hacen negocios en México y en los países del Triángulo Norte harían bien en tomar nota del creciente enfoque y los mayores recursos disponibles para la fiscalización anti-corrupción, y considerar priorizar evaluaciones de riesgo, capacitaciones y otras medidas proactivas de compliance enfocadas en la región.
Los siguientes abogados de Covington contribuyeron a la preparación de esta alerta: Don Ridings, Jennifer Saperstein, Daniel Shallman, Adam Studner, Veronica Yepez y Diane Ramirez.
Si tiene alguna pregunta sobre los temas abordados en esta alerta, por favor contacte a cualquiera de estos miembros de nuestra práctica de Anti-Corrupción/ FCPA.
Back
